Una disputa pública entre el presidente Gustavo Petro y la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila ha puesto en evidencia las profundas tensiones internas dentro de la Fiscalía General de la Nación, en medio del proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario. El conflicto se desató tras la filtración de una nueva imputación en contra del hijo del presidente, difundida casi simultáneamente por la revista Semana y por Dávila el pasado 6 de septiembre. El documento solicitaba una audiencia judicial para imputarle delitos relacionados con interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, además de solicitar prisión preventiva.
El presidente Petro reaccionó cuestionando cómo la precandidata obtuvo acceso a documentos reservados y acusando a funcionarios de la Fiscalía de actuar en favor de su campaña política. En respuesta, Dávila defendió sus capacidades periodísticas y respaldó a Lucy Laborde, fiscal encargada del caso, quien denunció presiones internas que, según ella, afectan su autonomía. En una carta enviada a la fiscal general Luz Adriana Camargo, Laborde aseguró que se le asignó una fiscal adjunta sin su solicitud, la cual ha gestionado decisiones clave sin informarle, lo que interpreta como un intento de interferir en el proceso.
Petro intensificó sus críticas tras conocerse la carta, acusando directamente a Laborde de estar “subordinada al deseo político” de Dávila y afirmando que el caso de su hijo ha sido utilizado con fines electorales desde el inicio del proceso en 2023. Por su parte, Dávila denunció que el gobierno busca apartar a la fiscal para obstaculizar la investigación y favorecer a Nicolás Petro, al tiempo que señaló a la fiscal Camargo de intentar beneficiar al hijo del presidente.
La controversia también involucra a los abogados de los implicados. Mientras el defensor de Nicolás Petro acusa a Dávila de manipular a la fiscal, el abogado de Daysuris Vásquez, exesposa del acusado, sostiene que la investigación parece orientarse a favorecerlo. En medio del enfrentamiento político y judicial, la Fiscalía ha optado por mantener silencio, aunque se conoció que Camargo habría revocado la designación de la fiscal adjunta.
Las nuevas imputaciones, relacionadas con supuestos actos de corrupción en contratos de la Gobernación del Atlántico, aún no se han formalizado y el juicio sigue sin iniciarse. El caso, que ya ha sacudido el panorama político colombiano, amenaza con intensificar la polarización de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
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Redacción